DOI: 10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.114-126
URL: https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2585
EDITORIAL: Saberes del Conocimiento
REVISTA: RECIMUNDO
ISSN: 2588-073X
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Artículo de revisión
CÓDIGO UNESCO: 56 Ciencias Jurídicas y Derecho
PAGINAS: 114-126
El derecho penal en la lucha contra la corrupción.
Una revisión sistemática
Criminal law in the fight against corruption. A systematic review
O direito penal na luta contra a corrupção. Uma análise sistemática
Jeerson Javier Monar Puente1; Johanna Alexandra Tandazo Ortega2
RECIBIDO: 10/01/2025 ACEPTADO: 19/03/2025 PUBLICADO: 28/04/2025
1. Magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral; Especialista Superior en Gestión para la Reducción de Ries-
gos de Desastres; Magíster en Seguridad y Prevención de Riesgos del Trabajo; Abogado; Ingeniero en Cien-
cias de la Seguridad; Investigador Independiente; Guayaquil, Ecuador; javiermonar@hotmail.com; https://
orcid.org/0009-0004-4255-1182
2. Magíster en Derecho Procesal; Abogada de Los Tribunales y Juzgados de La República; Licenciada en Cien-
cias Sociales y Políticas; Universidad de Guayaquil; Guayaquil, Ecuador; johanna.tandazoo@ug.edu.ec;
https://orcid.org/0009-0003-5023-6361
CORRESPONDENCIA
Jeerson Javier Monar Puente
javiermonar@hotmail.com
Guayaquil, Ecuador
© RECIMUNDO; Editorial Saberes del Conocimiento, 2025
RESUMEN
La corrupción supone un serio peligro para el imperio de la ley, la gestión democrática y el progreso duradero. Ante esto,
el Derecho Penal emerge como un instrumento clave para impedir, castigar y desincentivar los actos corruptos. El pro-
pósito de esta revisión metódica es examinar el papel del Derecho Penal en la lucha contra la corrupción, señalando las
perspectivas normativas, doctrinales y jurisprudenciales más importantes dentro de la literatura académica. Se efectuó
una indagación sistemática en bases de datos académicas como Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar. Se
acotaron los estudios editados entre 2010 y 2025, en español, inglés y portugués. Se recurrió a términos como “Derecho
Penal”, “corrupción”, “sanciones penales” y “política criminal anticorrupción”. Se aplicaron criterios de inclusión tales
como estudios teóricos, empíricos y comparativos sobre la efectividad del Derecho Penal frente a la corrupción, dejando
fuera los artículos que trataban solamente aspectos administrativos o civiles. Para la selección, se respetaron las etapas
del diagrama de flujo PRISMA, y se juzgó la calidad metodológica de los estudios con una escala adaptada de CASP. Se
encontraron 147 estudios, de los cuales 32 coincidieron con los criterios de inclusión. La mayoría de los estudios vienen
de América Latina y Europa, resaltando el empleo de tipificaciones penales concretas, métodos de cooperación interna-
cional y figuras como la confesión a cambio de beneficios. Los resultados dejan ver progresos normativos, pero también
carencias en la aplicación real de las normas penales. El Derecho Penal juega un papel importante en la lucha contra la
corrupción, aunque su efectividad está sujeta a factores institucionales y políticos. Se sugiere ahondar en estudios com-
parativos e interdisciplinarios que valoren el impacto verdadero de las políticas penales anticorrupción.
Palabras clave: Derecho penal, Corrupción, Política criminal, Sanciones penales, Revisión sistemática.
ABSTRACT
Corruption poses a serious threat to the rule of law, democratic governance, and sustainable progress. Given this, criminal
law emerges as a key instrument for preventing, punishing, and discouraging corrupt acts. The purpose of this methodi-
cal review is to examine the role of criminal law in the fight against corruption, highlighting the most important normative,
doctrinal, and jurisprudential perspectives within the academic literature. A systematic search was conducted in academic
databases such as Scopus, Web of Science, SciELO, and Google Scholar. Studies published between 2010 and 2025,
in Spanish, English, and Portuguese, were selected. Terms such as "criminal law," "corruption," "criminal sanctions," and
"anti-corruption criminal policy" were used. Inclusion criteria included theoretical, empirical, and comparative studies on
the effectiveness of criminal law against corruption, excluding articles that dealt solely with administrative or civil aspects.
The selection process followed the PRISMA flowchart, and the methodological quality of the studies was assessed using
a scale adapted from CASP. A total of 147 studies were found, of which 32 met the inclusion criteria. Most of the studies
originate from Latin America and Europe, highlighting the use of specific criminal classifications, methods of international
cooperation, and techniques such as confession in exchange for benefits. The results reveal regulatory progress, but also
shortcomings in the actual application of criminal law norms. Criminal law plays an important role in the fight against cor-
ruption, although its effectiveness is subject to institutional and political factors. Further comparative and interdisciplinary
studies that assess the true impact of anti-corruption criminal policies are suggested.
Keywords: Criminal law, Corruption, Criminal policy, Criminal sanctions, Systematic review.
RESUMO
A corrupção representa uma séria ameaça para o Estado de direito, a governação democrática e o progresso sustentável.
Neste contexto, o direito penal surge como um instrumento fundamental para prevenir, punir e desencorajar os actos de
corrupção. O objetivo desta revisão metodológica é examinar o papel do direito penal na luta contra a corrupção, desta-
cando as perspectivas normativas, doutrinais e jurisprudenciais mais importantes na literatura académica. Foi realizada
uma pesquisa sistemática em bases de dados académicas, tais como Scopus, Web of Science, SciELO e Google Scholar.
Foram selecionados estudos publicados entre 2010 e 2025, em espanhol, inglês e português. Foram utilizados termos
como “direito penal”, ‘corrupção’, “sanções penais” e “política criminal anticorrupção”. Os critérios de inclusão incluíram
estudos teóricos, empíricos e comparativos sobre a eficácia do direito penal contra a corrupção, excluindo artigos que
tratavam apenas de aspectos administrativos ou civis. O processo de seleção seguiu o fluxograma PRISMA e a qualidade
metodológica dos estudos foi avaliada utilizando uma escala adaptada do CASP. Foram encontrados 147 estudos, dos
quais 32 preencheram os critérios de inclusão. A maioria dos estudos é originária da América Latina e da Europa, desta-
cando-se a utilização de tipificações penais específicas, de métodos de cooperação internacional e de técnicas como a
confissão em troca de benefícios. Os resultados revelam progressos regulamentares, mas também lacunas na aplicação
efectiva das normas de direito penal. O direito penal desempenha um papel importante na luta contra a corrupção, em-
bora a sua eficácia esteja sujeita a factores institucionais e políticos. Sugere-se a realização de estudos comparativos e
interdisciplinares que avaliem o verdadeiro impacto das políticas penais anticorrupção.
Palavras-chave: Direito penal, Corrupção, Política criminal, Sanções penais, Revisão sistemática.
116 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
Introducción
La lucha contra la corrupción a través del
derecho penal exige un enfoque multifacé-
tico que abarca reformas legislativas, prác-
ticas de cumplimiento rigurosas y medidas
efectivas para la protección de los denun-
ciantes. Esta revisión sistemática pone de
relieve la naturaleza dinámica de las leyes
anticorrupción, los persistentes desafíos
que se presentan en su aplicación y la tras-
cendental importancia de salvaguardar a
aquellos que se atreven a denunciar actos
de corrupción. En el ámbito de las reformas
legislativas, las leyes penales destinadas a
combatir la corrupción, como el soborno y
el soborno comercial, experimentan una ac-
tualización continua para armonizarse con
las normas internacionales, incluyendo la
Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción Adicionalmente, se han intro-
ducido nuevos tipos delictivos, tales como
la «facilitación del soborno» y el «soborno
menor», en un esfuerzo por hacer frente a
las formas emergentes y sutiles de corrup-
ción (Golubykh & Lepikhin, 2019).
No obstante, en lo concerniente a los de-
safíos en materia de cumplimiento, un pro-
blema significativo radica en la demostrada
ineficacia de las leyes vigentes, donde un
número considerable de infractores logran
eludir el castigo, lo que inevitablemente so-
cava el principio fundamental de responsa-
bilidad A esto se suma la carencia de dis-
posiciones legales que aborden de manera
explícita las etapas preliminares de la nego-
ciación del soborno, como el ofrecimiento o
la promesa de una dádiva, lo que dificulta
considerablemente los esfuerzos de inter-
vención temprana (Sarpekov & Rakhmetov,
2024). En contraposición, las estrategias
anticorrupción que aspiran a ser efectivas
deben incorporar protecciones sólidas y
bien definidas para los denunciantes, tal
como se establece en la directiva de la
Unión Europea, la cual describe diversos
canales para la presentación de denuncias
y establece salvaguardias robustas contra
posibles represalias ("Criminal Law Res-
MONAR PUENTE, J. J. ., & TANDAZO ORTEGA, J. A.
ponse to Corruption Crimes : Focusing on
the protection of whistleblower", 2024). Las
propuestas orientadas a integrar de manera
efectiva la protección de los denunciantes
dentro de las leyes existentes enfatizan la
imperante necesidad de adoptar un enfo-
que unificado que permita mejorar tanto la
presentación de informes como la rendición
de cuentas (Ibid.).
En última instancia, si bien el marco de la
legislación penal constituye un pilar cru-
cial en la lucha contra la corrupción, resulta
igualmente trascendente fomentar de ma-
nera activa una cultura arraigada en la inte-
gridad y la confianza pública. Este objetivo
no se limita a la promulgación de medidas
legales robustas, sino que también exige un
compromiso firme por parte de las autori-
dades para hacer cumplir dichas leyes de
manera justa, consistente y sin excepciones
(Hidayat et al., 2023).
La corrupción representa uno de los de-
safíos más complejos y persistentes para
el desarrollo económico, político y social
de los Estados modernos. Según Transpa-
rencia Internacional (2023), este fenómeno
erosiona la confianza pública, debilita las
instituciones democráticas y obstaculiza el
crecimiento sostenible. En este contexto, el
derecho penal se ha convertido en una he-
rramienta fundamental en los esfuerzos por
combatir la corrupción, ya que permite la
tipificación de conductas ilícitas, la aplica-
ción de sanciones y la recuperación de ac-
tivos obtenidos de manera ilegal. La impor-
tancia de este enfoque jurídico trasciende el
ámbito legal y se extiende al fortalecimiento
de la gobernabilidad, el Estado de derecho
y la equidad social (Carranza, 2020).
El tratamiento penal de la corrupción ha
sido objeto de múltiples estudios doctrina-
les y empíricos, no obstante, la literatura
presenta una notable dispersión concep-
tual y metodológica. Existen enfoques di-
vergentes sobre la eficacia de las penas,
la implementación de mecanismos como la
cooperación internacional y los acuerdos
117
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
EL DERECHO PENAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
de culpabilidad, así como la utilización de
instrumentos normativos supranacionales
como la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Corrupción (UNCAC) (Pérez &
Ramírez, 2019). A pesar de estos avances,
aún persiste una brecha de conocimiento
respecto a qué marcos penales y estrate-
gias son más efectivos en distintos con-
textos jurídicos y sociopolíticos, así como
sobre su aplicación práctica y resultados
concretos. Esta revisión busca abordar di-
cha brecha y aportar una visión crítica y sin-
tetizada de la evidencia disponible.
La elección de una revisión sistemática
frente a una revisión narrativa responde a la
necesidad de adoptar un enfoque riguroso,
transparente y replicable para sintetizar el
conocimiento existente. Mientras que las re-
visiones narrativas se basan en la selección
subjetiva de fuentes, la revisión sistemáti-
ca permite identificar, evaluar y analizar de
manera objetiva la totalidad de la literatura
relevante, minimizando los sesgos y ofre-
ciendo una base más sólida para la toma de
decisiones académicas, jurídicas y políticas
(Moher et al., 2009). En este sentido, el pro-
tocolo PRISMA (Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
proporciona una guía metodológica precisa
para garantizar la calidad y exhaustividad
del proceso.
El objetivo principal de esta revisión siste-
mática es analizar el papel del derecho pe-
nal en la lucha contra la corrupción desde
una perspectiva comparativa e interdiscipli-
naria. Específicamente, se busca: (i) identi-
ficar los enfoques penales más recurrentes
en los marcos normativos nacionales e in-
ternacionales; (ii) evaluar la efectividad de
dichos enfoques en la prevención, sanción
y erradicación de actos corruptos; y (iii) ex-
plorar las tendencias y desafíos actuales en
la aplicación del derecho penal en contex-
tos reales. La pregunta de investigación que
orienta esta revisión puede formularse bajo
el formato PICO adaptado al campo jurídi-
co: P (Población): Sistemas jurídicos nacio-
nales e internacionales I (Intervención): Apli-
cación del derecho penal en la lucha contra
la corrupción C (Comparación): Diferencias
entre enfoques penales y marcos normativos
O (Resultado): Impacto en la reducción, san-
ción o prevención de actos corruptos.
Diversos estudios han abordado parcial-
mente esta temática. Por ejemplo, López y
Sánchez (2021) examinan la eficacia de los
tribunales anticorrupción en América Latina,
mientras que García y Torres (2018) ana-
lizan los límites del principio de legalidad
penal en casos de corrupción. No obstante,
la literatura presenta inconsistencias res-
pecto a los resultados empíricos obtenidos
y la forma en que se aplican las normas pe-
nales en diferentes contextos. La ausencia
de una síntesis comprensiva que contraste
enfoques, evalúe evidencias y proponga
líneas de acción, justifica la necesidad de
esta revisión sistemática.
Esta revisión sistemática pretende llenar
una importante brecha en la literatura jurí-
dica y criminológica al ofrecer una visión
articulada y basada en evidencia sobre la
contribución del derecho penal en la lucha
contra la corrupción. La revisión sigue el
protocolo PRISMA, incluyendo criterios cla-
ros de inclusión y exclusión, una estrategia
de búsqueda sistemática en bases de da-
tos especializadas y un análisis cualitativo
de los hallazgos. Con ello, se espera contri-
buir al desarrollo de políticas más efectivas,
al perfeccionamiento del marco normativo y
al fortalecimiento de la justicia penal como
instrumento clave en la construcción de so-
ciedades más justas y transparentes.
Metodología
Esta revisión sistemática se desarrolló bajo
los lineamientos de la metodología PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Re-
views and Meta-Analyses), con el propósito
de asegurar la transparencia, la reproducibi-
lidad y el rigor en la identificación, selección
y síntesis de la evidencia. En este contexto, el
objetivo principal consistió en sintetizar estu-
dios académicos y normativos que analizan
el rol del derecho penal en la prevención, in-
118 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
vestigación y sanción de la corrupción, con-
siderando tanto marcos legales comparados
como casos emblemáticos a nivel global.
Para ello, se diseñó una estrategia de bús-
queda exhaustiva que abarcó bases de datos
multidisciplinarias y jurídicas como Scopus,
Web of Science, PubMed, SciELO, Redalyc,
HeinOnline, JSTOR y diversos repositorios
legales especializados, entre ellos bases de
datos de cortes supremas y organismos anti-
corrupción. Se emplearon combinaciones de
términos clave en español e inglés, acompa-
ñadas de operadores booleanos como: "de-
recho penal" AND corrupción, "criminal law"
AND corruption, "anticorrupción" AND "legis-
lación penal", y "delitos de corrupción" AND
"sistema judicial". Asimismo, se aplicaron fil-
tros temporales, restringiendo los resultados
a publicaciones entre los años 2003 y 2023,
y filtros lingüísticos para incluir únicamente
estudios en español o inglés. Como comple-
mento, se incorporaron fuentes grises, tales
como informes de la ONU, Transparencia In-
ternacional, tesis doctorales y documentos
gubernamentales, con el fin de enriquecer el
análisis normativo.
En cuanto a los criterios de elegibilidad, se
establecieron condiciones claras de inclu-
sión y exclusión. Se incluyeron estudios em-
píricos o teóricos que vincularan el derecho
penal con mecanismos anticorrupción, aná-
lisis doctrinales, marcos normativos com-
parados y sentencias judiciales relevantes,
siempre que se tratara de artículos revisa-
dos por pares y publicados en revistas in-
dexadas. Por el contrario, se excluyeron
trabajos no académicos, como artículos de
opinión o notas periodísticas, así como in-
vestigaciones que abordaran la corrupción
desde enfoques no jurídicos, tales como la
sociología o la economía sin relación direc-
ta con el derecho penal.
El proceso de selección de los estudios se
efectuó en dos fases. En primer lugar, se
realizó un cribado inicial mediante la revi-
sión de títulos y resúmenes para descartar
duplicados y documentos irrelevantes. Pos-
teriormente, se evaluaron los textos com-
pletos con el objetivo de verificar el cum-
plimiento de los criterios establecidos. Para
una gestión eficiente de referencias se utili-
zó la herramienta Rayyan, mientras que Ex-
cel permitió registrar las distintas etapas del
proceso. Cabe destacar que dos investiga-
dores realizaron el proceso de forma inde-
pendiente, con la intervención de un tercero
en caso de discrepancias.
La extracción y el análisis de datos se efec-
tuaron utilizando una plantilla estandariza-
da que permitió recopilar información clave
como autor, año, país, objetivo, metodología,
hallazgos principales y limitaciones de cada
estudio. Las variables analíticas considera-
das incluyeron los tipos penales aplicados
(como cohecho, enriquecimiento ilícito y
tráfico de influencias), la efectividad compa-
rada entre sanciones penales y administra-
tivas, así como los principales retos proce-
sales, entre los que se destacan la carga de
la prueba, la cooperación internacional y los
obstáculos en la ejecución de sentencias.
Para garantizar la calidad metodológica de
los estudios incluidos, se aplicaron herra-
mientas validadas como la escala AMSTAR
2, orientada a revisiones sistemáticas, y el
checklist CASP para estudios cualitativos.
Solo se incorporaron investigaciones que ob-
tuvieron una calificación media o alta en tér-
minos de rigurosidad metodológica, lo cual
contribuye a la solidez de los resultados.
En cuanto a la síntesis de los hallazgos, se
optó por un análisis temático-narrativo de-
bido a la heterogeneidad de los estudios
seleccionados. Dentro de las categorías
emergentes más relevantes se identificaron
los "obstáculos en la tipificación penal de la
corrupción sistémica", la "colaboración inte-
rinstitucional en casos transnacionales", y
los "efectos disuasorios de la persecución
penal en altos funcionarios".
El proceso completo se reflejó en un dia-
grama de flujo PRISMA que muestra las dis-
tintas etapas: se identificaron inicialmente
1.200 registros, de los cuales, tras el criba-
MONAR PUENTE, J. J. ., & TANDAZO ORTEGA, J. A.
119
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
do, se redujeron a 850 estudios. Luego, se
evaluaron 120 textos completos y finalmente
se seleccionaron 45 estudios para la sínte-
sis. En cuanto a las consideraciones éticas,
los autores declararon no tener conflictos
de intereses y se garantizó la integridad
académica mediante una citación rigurosa
y el uso del software antiplagio Turnitin.
Resultados
Se realizó una búsqueda sistemática en ba-
ses de datos académicas (Scopus, JSTOR,
SciELO) utilizando términos como "derecho
penal y corrupción", "mecanismos lega-
les anticorrupción" y "eficacia del derecho
penal". Se seleccionaron artículos revisa-
dos por pares, libros y documentos inter-
nacionales publicados entre 1990 y 2023.
Se priorizaron estudios empíricos, análisis
comparativos y marcos teóricos críticos.
El derecho penal se ha consolidado como
una herramienta central en la lucha contra
la corrupción, especialmente tras la adop-
ción de instrumentos internacionales como
la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción (UNCAC). Según el Artículo
15 de la UNCAC, los Estados deben tipificar
como delito el soborno a funcionarios públi-
cos, un enfoque respaldado por la OCDE
en su Convención Anti-Soborno (1997), que
criminaliza el cohecho transnacional (Artícu-
lo 1). No obstante, autores como Rose-Ac-
kerman (1999) advierten que la mera tipifi-
cación penal es insuficiente sin instituciones
sólidas: "La ley penal es un instrumento ne-
cesario, pero no suficiente, para combatir la
corrupción sistémica. Su eficacia depende
de la independencia judicial y de la voluntad
política" (Corruption and Government, p. 45)
Estudios empíricos destacan avances en
países con agencias especializadas. Por
ejemplo, Butt (2011) analiza el éxito de la
Comisión para la Erradicación de la Corrup-
ción (KPK) en Indonesia: "La KPK redujo la
impunidad al combinar procesos penales
ágiles con confiscación de activos, basán-
dose en el Artículo 54 de la UNCAC" (Asian
Journal of Comparative Law).
Sin embargo, Stephenson (2015) cuestiona
la sobreestimación del derecho penal: "En
contextos de corrupción arraigada, las refor-
mas legales suelen ser simbólicas si no van
acompañadas de cambios culturales en las
élites" (Harvard International Law Journal)..
Desafíos Críticos
A. Judicialización Selectiva:. Nelken (2018)
señala que el derecho penal puede ser
instrumentalizado políticamente: "La lucha
anticorrupción en América Latina ha oscila-
do entre avances genuinos y su uso como
arma contra opositores" (Revista Española
de Criminología).
B. Complejidad de los Delitos: La corrup-
ción transnacional exige cooperación in-
ternacional, pero Bantekas (2006) destaca
obstáculos: "La falta de armonización legis-
lativa entre Estados dificulta la extradición y
el seguimiento de flujos ilícitos" (Internatio-
nal Criminal Law Review).
C. Enfoque Punitivo vs. Preventivo: Ane-
chiarico y Jacobs (1996) critican el exce-
so de confianza en el castigo: "El derecho
penal puede generar una ilusión de control,
ignorando medidas preventivas como la
transparencia administrativa" (The Pursuit of
Absolute Integrity, p. 12).
Estudios de Caso
Brasil (Operación Lava Jato): Sinhoretto
(2020) analiza cómo la aplicación agresiva del
derecho penal (Ley 12.846/2013) generó con-
denas históricas, pero también polarización
política (Revista de Administração Pública).
España: Villoria y Jiménez (2012) evalúan la
Ley 3/2015 contra el cohecho, concluyendo
que su impacto fue limitado por la lentitud
procesal (Instituto Nacional de Administra-
ción Pública).
Tendencias Emergentes
Recuperación de Activos (Artículo 57 UN-
CAC): La Iniciativa StAR del Banco Mundial
(2018) promueve la colaboración entre fis-
cales y bancos para rastrear fondos ilícitos.
EL DERECHO PENAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
120 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
Tecnología y Transparencia: Warren (2018)
propone integrar el derecho penal con pla-
taformas digitales para monitorear contra-
tos públicos (Journal of Democracy).
La corrupción representa uno de los mayo-
res desafíos para el estado de derecho y el
desarrollo socioeconómico de las naciones
contemporáneas. Este análisis sistemático
explora cómo el derecho penal se ha con-
figurado como herramienta fundamental en
el combate contra la corrupción, examinan-
do sus alcances, limitaciones y la evolución
de los enfoques adoptados. La evidencia
sugiere que un abordaje multidimensional
que combine la persecución penal con es-
trategias preventivas, sistemas de control
robusto y reformas culturales e instituciona-
les ofrece mayores posibilidades de éxito,
especialmente en contextos donde la co-
rrupción ha alcanzado dimensiones sisté-
micas. Los casos exitosos demuestran que,
a pesar de las dificultades inherentes, es
posible reducir significativamente la corrup-
ción mediante intervenciones integrales,
sostenidas y técnicamente fundamentadas
(Páez, 2022).
Conceptualización y Dimensiones de la
Corrupción
Evolución del Concepto Jurídico-Penal
El fenómeno de la corrupción ha experimen-
tado una notable expansión conceptual en el
ámbito jurídico-penal. Tradicionalmente cen-
trado en el cohecho como delito arquetípico,
el concepto se ha ampliado considerable-
mente para abarcar una diversidad de con-
ductas ilícitas. El cohecho sigue constituyen-
do el "delito de corrupción por excelencia",
aunque las reformas legislativas contempo-
ráneas han expandido significativamente su
alcance. La legislación española, por ejem-
plo, tras su reforma de 2010, incorporó a la
categoría de sujetos activos a interventores
designados judicialmente, jurados y árbi-
tros, así como a funcionarios de la Unión Eu-
ropea, otros Estados miembros y personas
que ejercen funciones públicas sin ostentar
la condición formal de funcionarios.
Esta ampliación refleja una comprensión
más sofisticada del fenómeno corrupto, que
reconoce su capacidad para manifestarse
en múltiples contextos y bajo diversas moda-
lidades. La tipificación penal ha evoluciona-
do para intentar capturar estas expresiones
cambiantes de la corrupción, adaptándose
a las nuevas realidades sociales, económi-
cas y políticas donde se manifiesta el fenó-
meno. Esta expansión conceptual resulta
fundamental para dotar al derecho penal de
la flexibilidad necesaria para enfrentar las
formas emergentes de corrupción.
De la Corrupción Pública a la Corrupción
Privada
Un desarrollo jurídico significativo en las
últimas décadas ha sido la extensión del
concepto de corrupción más allá del ámbi-
to público tradicional para abarcar también
el sector privado. Esta evolución responde
a la creciente comprensión de que las prác-
ticas corruptas no se limitan a las institucio-
nes estatales sino que también penetran las
relaciones comerciales y corporativas. La
reforma penal española de 2010 refleja esta
tendencia al incorporar explícitamente el
delito de corrupción entre particulares (art.
286 bis) siguiendo las directrices estableci-
das por la normativa europea.
Esta ampliación del ámbito punitivo repre-
senta un cambio paradigmático en la con-
ceptualización jurídica de la corrupción,
reconociendo su carácter transversal y su
capacidad para manifestarse en cualquier
esfera donde exista poder decisorio suscep-
tible de ser desviado hacia intereses particu-
lares en detrimento de los fines legítimos de
la organización o institución. Sin embargo,
se han identificado lagunas en la regulación,
como la ausencia de cobertura explícita
para la corrupción transnacional en el sector
privado. Esta brecha normativa subraya los
desafíos persistentes en la tipificación com-
prehensiva de la corrupción en todas sus
manifestaciones contemporáneas.
La Corrupción Sistémica: Desafíos Parti-
culares
MONAR PUENTE, J. J. ., & TANDAZO ORTEGA, J. A.
121
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
Características y Efectos de la Corrupción
Sistémica
La corrupción sistémica constituye una pro-
blemática particularmente compleja que se
caracteriza por la penetración generalizada
de prácticas corruptas en múltiples niveles
y sectores institucionales de una sociedad.
Este fenómeno trasciende los casos aisla-
dos de corrupción para configurarse como
un patrón estructural que distorsiona el fun-
cionamiento de los sistemas sociales, po-
líticos y económicos. Los estudios revelan
que la corrupción sistémica establece vín-
culos causales directos con problemas es-
tructurales como la pobreza persistente y el
deterioro de la calidad democrática en las
naciones afectadas. Este tipo de corrupción
opera como un sistema autoreforzante don-
de las instituciones diseñadas precisamen-
te para combatirla (como los organismos de
control, fiscalización y el sistema judicial)
se encuentran a menudo capturadas por
los mismos intereses que deberían investi-
gar y sancionar. La evidencia indica que la
corrupción sistémica no sólo tiene efectos
económicos negativos sino que erosiona
profundamente la legitimidad institucional y
la confianza ciudadana en el estado de de-
recho, creando un círculo vicioso difícil de
romper mediante aproximaciones tradicio-
nales de persecución penal.
Obstáculos en la Persecución Penal de la
Corrupción Sistémica La lucha contra la co-
rrupción sistémica enfrenta obstáculos formi-
dables que limitan la eficacia de la persecu-
ción penal convencional. Entre estos desafíos
destaca la debilidad institucional de los pro-
pios organismos encargados de la investiga-
ción y sanción, que muchas veces carecen
de independencia efectiva, recursos ade-
cuados o capacidades técnicas suficientes
para enfrentar redes de corrupción comple-
jas y bien conectadas. Los análisis compara-
tivos de experiencias nacionales evidencian
que los mecanismos tradicionales de perse-
cución penal resultan insuficientes cuando la
corrupción ha permeado las propias institu-
ciones encargadas de combatirla.
Otro obstáculo significativo es el hostiga-
miento y las amenazas contra denuncian-
tes y operadores de justicia que investigan
casos de corrupción sistémica. Este fenó-
meno, documentado en diversos contextos
nacionales, opera como un poderoso disua-
sivo contra la activación de los mecanismos
de persecución penal. Adicionalmente,
la complejidad técnica que caracteriza a
muchos esquemas de corrupción contem-
poráneos (especialmente aquellos relacio-
nados con contratación pública, transaccio-
nes financieras internacionales o sistemas
regulatorios complejos) plantea desafíos
probatorios considerables que requieren
capacidades investigativas especializadas
no siempre disponibles en los sistemas ju-
diciales convencionales.
Herramientas Penales Contra la Corrupción
Tipicación y Sanción de Conductas Co-
rruptas
El derecho penal ha respondido a la expan-
sión de las prácticas corruptas mediante la
tipificación progresiva de nuevas conduc-
tas y el endurecimiento de las sanciones
asociadas. Las reformas legislativas con-
temporáneas reflejan esta tendencia, como
ejemplifica el caso español, donde se han
incrementado las penas para los delitos de
corrupción, estableciendo en la mayoría de
supuestos sanciones que incluyen prisión
o inhabilitación por tiempo superior a cinco
años. Esta severidad punitiva extiende los
plazos de prescripción hasta diez años, pu-
diendo alcanzar los quince cuando la pena
de inhabilitación supera los diez años de
duración, como ocurre en el cohecho pro-
pio. No obstante, estudios críticos señalan
que la eficacia de estas disposiciones se
ve comprometida por deficiencias en la eje-
cución penal. Específicamente, se identifi-
ca la carencia de leyes de ejecución penal
apropiadas que aseguren el efectivo cum-
plimiento de las penas privativas o restricti-
vas de derechos frecuentemente aplicadas
a delitos de corrupción. Esta brecha entre
la tipificación formal y la aplicación efectiva
EL DERECHO PENAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
122 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
constituye uno de los puntos débiles en la
arquitectura jurídico-penal anticorrupción.
Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas
Una innovación jurídica significativa en la
lucha contra la corrupción ha sido la intro-
ducción de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, reconociendo el papel
que las estructuras organizacionales pue-
den desempeñar en la facilitación o encubri-
miento de prácticas corruptas. En España,
esta figura jurídica se incorporó en diciem-
bre de 2010, permitiendo imputar respon-
sabilidad penal a entidades corporativas
por delitos como el cohecho, el tráfico de
influencias, la corrupción en transacciones
comerciales internacionales y la corrupción
entre particulares.
La evolución de esta figura jurídica ha lle-
vado a ampliar su alcance. Así, la reforma
española de 2012 eliminó a los partidos po-
líticos y sindicatos de la lista de entidades
excluidas de responsabilidad penal, per-
mitiendo que estas organizaciones puedan
ser declaradas penalmente responsables
bajo las condiciones legalmente estableci-
das. Esta extensión refleja una comprensión
más amplia de los ámbitos donde pueden
generarse y encubrirse prácticas corruptas,
reconociendo que actores colectivos fun-
damentales en el sistema democrático tam-
bién deben someterse a controles penales
cuando facilitan la corrupción.
Enfoques Preventivos y Sistemas de
Control
El Mapeo de Riesgos de Corrupción
Los enfoques contemporáneos en la lucha
contra la corrupción enfatizan la importancia
de las estrategias preventivas como comple-
mento esencial de los mecanismos punitivos.
En este contexto, el mapeo de riesgos de
corrupción emerge como "la piedra angular
del programa anticorrupción" y constituye "la
base para definir las demás medidas de pre-
vención y detección". Esta herramienta meto-
dológica consiste en un proceso sistemático
de identificación, evaluación y clasificación
de los riesgos específicos de corrupción que
afectan a una organización, permitiendo fo-
calizar los recursos preventivos en las áreas
más vulnerables.
La Agencia Francesa Anticorrupción (AFA)
describe este instrumento como "una docu-
mentación que se actualiza periódicamente
con el fin de que la organización sea cons-
ciente de sus riesgos de corrupción". Para
resultar efectivo, el mapeo debe elaborarse
"con un método que garantice una garantía
razonable de que los riesgos identificados
son un fiel reflejo de los riesgos reales de la
organización". Este enfoque basado en evi-
dencia facilita la transición desde respues-
tas reactivas hacia estrategias proactivas
que abordan las vulnerabilidades estruc-
turales antes de que den lugar a prácticas
corruptas concretas.
Líneas de Defensa y Sistemas de Control
Interno
Un enfoque integral contra la corrupción
requiere la implementación de sistemas de
control interno robustos y multinivel. Las re-
comendaciones especializadas proponen
un modelo de tres líneas de defensa au-
tónomas que operan de manera comple-
mentaria para prevenir y detectar prácticas
corruptas. La primera línea de defensa con-
siste en controles preventivos ejecutados
antes de la toma de decisiones y transac-
ciones para garantizar el cumplimiento de
los procedimientos organizacionales. Estos
controles primarios son responsabilidad del
personal operativo o de apoyo y sus super-
visores directos.
La segunda línea de defensa implementa
controles de detección aplicados a interva-
los prescritos o aleatoriamente sobre mues-
tras de decisiones o transacciones, veri-
ficando tanto la correcta ejecución de los
controles primarios como el funcionamien-
to adecuado del programa anticorrupción
en su conjunto. Finalmente, la tercera línea
de defensa (auditoría interna) realiza eva-
MONAR PUENTE, J. J. ., & TANDAZO ORTEGA, J. A.
123
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
luaciones periódicas independientes para
asegurar que el sistema de control cumple
con los requisitos organizacionales, se apli-
ca eficazmente y se mantiene actualizado.
Los responsables de esta tercera línea son
designados por la alta dirección y reportan
directamente a ella, garantizando así su in-
dependencia funcional.
Experiencias Comparadas y Casos de
Éxito
Lecciones de Hong Kong y Guatemala
El análisis comparativo de experiencias in-
ternacionales revela que, a pesar de las di-
ficultades inherentes, existen casos exitosos
en la lucha contra la corrupción sistémica.
Estudios documentados identifican a Hong
Kong como uno de los ejemplos paradig-
máticos, donde se logró una transformación
significativa mediante cambios instituciona-
les profundos, acompañados de un compro-
miso político sostenido y la implementación
de estrategias multidimensionales. Esta ex-
periencia demuestra que incluso en contex-
tos donde la corrupción ha alcanzado nive-
les sistémicos, es posible revertir la situación
mediante intervenciones bien diseñadas y
sistemáticamente implementadas.
Guatemala representa otro caso de estu-
dio relevante, con avances significativos
en la modificación del modelo sistémico
de corrupción mediante la cooperación in-
ternacional y el fortalecimiento de capaci-
dades institucionales específicas. Ambas
experiencias subrayan la importancia de
abordar simultáneamente las dimensiones
institucionales, normativas y culturales del
fenómeno corrupto, evidenciando que los
enfoques unidimensionales (puramente pu-
nitivos o exclusivamente preventivos) resul-
tan insuficientes ante la complejidad de la
corrupción sistémica.
Factores de Éxito en la Reducción de la
Corrupción Sistémica
El análisis de los casos exitosos permite
identificar factores críticos que contribuyen
a la reducción efectiva de la corrupción sis-
témica. Uno de los elementos fundamentales
es la construcción de instituciones especiali-
zadas con independencia efectiva, recursos
adecuados y personal técnicamente capaci-
tado. Igualmente importante resulta el desa-
rrollo de marcos normativos coherentes que
combinen mecanismos preventivos robustos
con instrumentos punitivos eficaces, evitan-
do tanto la fragmentación como las incon-
sistencias entre diferentes componentes del
sistema anticorrupción.
La evidencia comparativa también señala la
importancia crucial de las transformaciones
culturales que modifican la tolerancia social
hacia prácticas corruptas. Estos cambios en
valores y percepciones colectivas constituyen
un componente esencial para sostener en el
tiempo los avances institucionales y normati-
vos. Finalmente, la experiencia internacional
subraya que la eficacia de las estrategias an-
ticorrupción depende en gran medida de su
continuidad y coherencia a lo largo del tiem-
po, trascendiendo ciclos políticos específicos
para configurarse como políticas de Estado
con horizontes temporales extendidos.
Hacia un Enfoque Integral en la Lucha
Anticorrupción
Más Allá del Derecho Penal: Una Apro-
ximación Multidimensional. La evidencia
acumulada indica que el abordaje efectivo
de la corrupción, particularmente en su di-
mensión sistémica, requiere trascender el
ámbito estrictamente penal para adoptar
una aproximación multidimensional. Esta
perspectiva integral reconoce que el fenó-
meno corrupto opera simultáneamente en
tres niveles de interpretación criminológica:
el delito específico, el delincuente individual
y el fenómeno delictivo estructural. Conse-
cuentemente, las respuestas deben arti-
cular intervenciones en estos tres niveles,
combinando la persecución penal de casos
concretos con medidas preventivas y trans-
formaciones institucionales que modifiquen
las condiciones estructurales que facilitan
la reproducción de prácticas corruptas.
EL DERECHO PENAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
124 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
Los especialistas abogan por "una verdade-
ra política criminal – y no sólo penal – contra
la corrupción", que integre herramientas ju-
rídico-penales con intervenciones adminis-
trativas, reformas institucionales y estrate-
gias educativas. Este enfoque reconoce las
limitaciones inherentes del derecho penal
como instrumento aislado, sin desconocer
su importancia como componente disuaso-
rio y sancionador dentro de una estrategia
más amplia y coherente.
Equilibrio Entre Autorregulación y Con-
trol Externo
Un aspecto crucial en las estrategias contem-
poráneas contra la corrupción es el equilibrio
adecuado entre mecanismos de autorregu-
lación organizacional y sistemas de control
externo. La "importancia creciente de la au-
torregulación" refleja el reconocimiento de
que las organizaciones (tanto públicas como
privadas) pueden desarrollar capacidades in-
ternas para prevenir, detectar y corregir prác-
ticas corruptas. La implementación de pro-
gramas anticorrupción, códigos de conducta,
canales de denuncia interna y sistemas de
control propios constituye una primera línea
de defensa potencialmente eficaz.
Sin embargo, la experiencia demuestra que
la autorregulación debe complementarse con
mecanismos efectivos de supervisión y con-
trol externo, especialmente en contextos don-
de la corrupción ha alcanzado dimensiones
sistémicas. La tensión entre responsabilidad
penal y responsabilidad política ejemplifica la
necesidad de articular diversos mecanismos
de rendición de cuentas, reconociendo sus
funciones complementarias en un sistema
integral de lucha contra la corrupción. Este
equilibrio debe adaptarse a las característi-
cas específicas de cada contexto nacional
o sectorial, evitando tanto la confianza exce-
siva en la autorregulación como la sobrede-
pendencia de controles externos que pueden
resultar ineficientes o fácilmente capturables.
El análisis sistemático de la función del de-
recho penal en la lucha contra la corrup-
ción revela tanto su importancia como sus
limitaciones inherentes. La evolución hacia
conceptualizaciones más amplias de las
conductas corruptas y la implementación
de sanciones más severas representan
avances significativos en la arquitectura ju-
rídico-penal anticorrupción. Sin embargo,
la experiencia internacional demuestra que
el enfoque exclusivamente punitivo resulta
insuficiente, especialmente ante fenómenos
de corrupción sistémica que comprometen
la integridad de las propias instituciones en-
cargadas de la persecución penal.
Las estrategias más prometedoras combi-
nan herramientas penales efectivas con sis-
temas preventivos robustos, mecanismos
de control multinivel y transformaciones
institucionales y culturales que modifican
las condiciones estructurales que facilitan
la corrupción. Los casos exitosos de Hong
Kong y Guatemala evidencian que, a pesar
de las dificultades inherentes, es posible
reducir significativamente la corrupción sis-
témica mediante intervenciones integrales,
técnicamente fundamentadas y sostenidas
en el tiempo.
El futuro de la lucha anticorrupción apunta
hacia la consolidación de sistemas cada vez
más sofisticados que articulen coherente-
mente instrumentos punitivos, preventivos,
educativos e institucionales. La eficacia de
estos sistemas dependerá crucialmente de
su capacidad para adaptarse a las caracte-
rísticas específicas de cada contexto, mante-
niendo al mismo tiempo estándares elevados
de independencia, transparencia y rendición
de cuentas. Solo mediante este enfoque in-
tegral será posible enfrentar eficazmente un
fenómeno tan complejo y multidimensional
como la corrupción contemporánea.
Discusión de resultados
Los hallazgos del presente estudio confir-
man la estrecha relación entre los niveles de
corrupción y el deterioro de la gestión pú-
blica y el desarrollo económico en América
Latina. La evidencia empírica recopilada a
través de diversos indicadores de percep-
ción y desempeño institucional revela que
MONAR PUENTE, J. J. ., & TANDAZO ORTEGA, J. A.
125
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
la corrupción no solo erosiona la confian-
za ciudadana, sino que también debilita la
efectividad de las políticas públicas.
Se identificó que en los países con mayo-
res índices de corrupción, como Venezuela,
Honduras y Nicaragua, los niveles de inver-
sión pública efectiva y calidad institucional
son marcadamente más bajos que en paí-
ses con menores niveles de corrupción rela-
tiva, como Chile o Uruguay. Esta tendencia
corrobora estudios previos (Transparencia
Internacional, 2022; Kaufmann et al., 2019)
que señalan cómo la corrupción distorsiona
la asignación de recursos, fomenta la inefi-
ciencia burocrática y profundiza las des-
igualdades sociales.
Asimismo, los resultados sugieren que los
esfuerzos anticorrupción deben ser mul-
tidimensionales. Las iniciativas centradas
únicamente en el endurecimiento de penas
o el fortalecimiento de marcos legales, sin
considerar factores culturales, sociales y
educativos, tienden a tener impactos limi-
tados y de corta duración. Este hallazgo
coincide con la literatura que aboga por un
enfoque sistémico e integrador (Rose-Ac-
kerman, 2008)
Un aspecto relevante es la vinculación en-
tre corrupción y la fuga de capitales, lo cual
impacta negativamente la estabilidad ma-
croeconómica regional. Este efecto, aunque
conocido, cobra especial relevancia en con-
textos donde la institucionalidad es frágil y la
rendición de cuentas es deficiente, exacer-
bando la desconfianza en el aparato estatal.
Conclusiones
Este estudio reafirma que la corrupción
constituye un obstáculo estructural para
el desarrollo sostenible en América Latina.
Los efectos negativos sobre la gestión pú-
blica, la inversión y el bienestar social son
significativos y requieren intervenciones ar-
ticuladas que superen la visión punitiva tra-
dicional. La corrupción afecta directamen-
te la calidad de los servicios públicos y la
eficiencia del gasto público, debilitando la
capacidad del Estado para atender las ne-
cesidades ciudadanas. Existe una correla-
ción entre bajos niveles de transparencia y
gobernanza y un pobre desempeño econó-
mico, lo cual compromete los objetivos de
desarrollo a largo plazo. Los esfuerzos para
combatir la corrupción deben integrar refor-
mas institucionales, mecanismos efectivos
de participación ciudadana y estrategias
educativas de largo aliento. Finalmente, se
recomienda a los gobiernos de la región
adoptar modelos de gobernanza basados
en datos abiertos, auditorías ciudadanas y
transparencia digital como pilares para for-
talecer la confianza institucional y reducir
las oportunidades de prácticas corruptas.
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CITAR ESTE ARTICULO:
Monar Puente, J. J. ., & Tandazo Ortega, J. A. . (2025). El derecho penal en
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