DOI: 10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.340-348
URL: https://recimundo.com/index.php/es/article/view/2646
EDITORIAL: Saberes del Conocimiento
REVISTA: RECIMUNDO
ISSN: 2588-073X
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Artículo de revisión
CÓDIGO UNESCO: 56 Ciencias Jurídicas y Derecho
PAGINAS: 340-348
Garantías de seguridad jurídica en el cumplimiento de
resoluciones judiciales: Un análisis del debido proceso en
procedimientos voluntarios, sumarios y ordinarios
Guarantees of legal certainty in the enforcement of judicial decisions: An
analysis of due process in voluntary, summary, and ordinary proceedings
Garantias de segurança jurídica na execução de decisões judiciais: uma
análise do devido processo legal em processos voluntários, sumários e
ordinários
Nohely Alejandra Zambrano-Muñoz1; Marco Antonio Acosta-Pacheco2; Eloisa Carolina Solís-Reyes3;
José Antonio Velez-Parra4
RECIBIDO: 10/03/2025 ACEPTADO: 19/04/2025 PUBLICADO: 27/05/2025
1. Magíster en Derecho Procesal; Abogada de Los Tribunales y Juzgados de La República; Universidad Estatal de Milagro; Milagro,
Ecuador; nzambranom11@unemi.edu.ec; https://orcid.org/0009-0007-1834-5196
2. Magíster en Derecho Mención en Derecho Constitucional; Abogado; Universidad Internacional del Ecuador; Guayaquil, Ecuador;
maracostapa@uide.edu.ec; https://orcid.org/0009-0002-2839-5748
3. Magíster en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local; Abogada de Los Tribunales y Juzgado Penales y Civiles;
Investigadora Independiente; Guayaquil, Ecuador; eloisa-solis@hotmail.com; https://orcid.org/0009-0001-6510-1019
4. Magíster en Derecho Administrativo Mención en Contratación Pública; Abogado de Los Tribunales y Juzgados de La República;
Universidad Estatal de Milagro; Milagro, Ecuador; jvelezp3@unemi.edu.ec; https://orcid.org/0009-0006-3862-1971
CORRESPONDENCIA
Nohely Alejandra Zambrano-Muñoz
nzambranom11@unemi.edu.ec
Milagro, Ecuador
© RECIMUNDO; Editorial Saberes del Conocimiento, 2025
RESUMEN
El estudio de la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedi-
mientos voluntario, sumario y ordinario tuvo como objetivo analizar la incidencia de la seguridad jurídica en el cumplimiento de las reso-
luciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario como garantía de los procesos judiciales. Para lo cual, se utilizó
una investigación de tipo desriptiva y de campo, con un enfoque mixto y el método hermenéutico; para la recopilación de información
primaria se aplicó una encuesta y entrevista a los juristas en libre ejercicio de su profesión. Se obtuvo que que todas las personas tienen
derecho al debido proceso, el cual esta ligado estrechamente al derecho a la seguridad jurídica ya que, este segundo implica el cono-
cimiento y certeza del derecho positivo, la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y en el orden jurídico y la existencia
de mecanismos jurídicos frente a las afectaciones que pudieren existir. Se concluyó que la seguridad jurídica como garantía del debido
proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es esencial para mantener la confianza en el sistema legal y para proteger los
derechos fundamentales de las personas involucradas en cualquier procedimiento legal, ya sea voluntario, sumario u ordinario.
Palabras clave: Seguridad jurídica, Debido proceso, Resoluciones judiciales, Procedimiento voluntario, Procedimiento sumario, Pro-
cedimiento ordinario.
ABSTRACT
The study of legal certainty as a guarantee of due process in compliance with judicial resolutions in voluntary, summary and ordinary
procedures aimed to analyze the impact of legal certainty in compliance with judicial resolutions in voluntary, summary and ordinary as a
guarantee of judicial processes. For this purpose, descriptive and field research was used, with a mixed approach and the hermeneutic
method; To collect primary information, a survey and interview was applied to jurists in the free exercise of their profession. It was obtained
that all people have the right to due process, which is closely linked to the right to legal certainty since, this second implies the knowledge
and certainty of positive law, the trust of society in the institutions of the State and in the legal order and the existence of legal mecha-
nisms against the effects that may exist. It was concluded that legal certainty as a guarantee of due process in compliance with judicial
resolutions is essential to maintain confidence in the legal system and to protect the fundamental rights of people involved in any legal
procedure, whether voluntary, summary or ordinary.
Keywords: Legal security, Due process, Judicial resolutions, Voluntary procedure, Summary procedure, Ordinary procedure.
RESUMO
O estudo da segurança jurídica como garantia do devido processo legal no cumprimento das deliberações judiciais nos procedimentos
voluntário, sumário e ordinário teve como objetivo analisar o impacto da segurança jurídica no cumprimento das deliberações judiciais nos
procedimentos voluntário, sumário e ordinário como garantia dos processos judiciais. Para tanto, utilizou-se a pesquisa descritiva e de
campo, com abordagem mista e o método hermenêutico; Para a coleta de informações primárias, aplicou-se um questionário e entrevista a
juristas no livre exercício da profissão. Obteve-se que todas as pessoas têm direito ao devido processo legal, que está intimamente ligado
ao direito à segurança jurídica, pois, este segundo implica o conhecimento e a certeza do direito positivo, a confiança da sociedade nas
instituições do Estado e na ordem jurídica e a existência de mecanismos legais contra os efeitos que possam existir. Concluiu-se que a
segurança jurídica como garantia do devido processo legal no cumprimento das resoluções judiciais é essencial para manter a confiança
no sistema jurídico e para proteger os direitos fundamentais das pessoas envolvidas em qualquer procedimento judicial, seja ele voluntário,
sumário ou ordinário.
Palavras-chave: Segurança jurídica, Devido processo legal, Resoluções judiciais, Processo voluntário, Processo sumário, Processo
ordinário.
342 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
Introducción
La seguridad jurídica es un principio funda-
mental en el sistema legal de muchos paí-
ses y se considera esencial para garantizar
el debido proceso en el cumplimiento de las
resoluciones judiciales en procedimientos
voluntarios, sumarios y ordinarios. Es esen-
cial tener en cuenta que la efectividad en el
cumplimiento de las resoluciones judiciales
no solo depende de la rapidez con que se
emitan las decisiones, sino también de la
capacidad del sistema legal para aplicar
medidas coercitivas y sanciones en caso de
incumplimiento. El respeto y la confianza en
la autoridad del sistema judicial también jue-
gan un papel importante en este proceso.
Para (Rosero, 2023) la seguridad jurídica es
condición básica para que un Estado pueda
tener paz social y estabilidad política, con-
diciones que a su vez favorecen su desarro-
llo. En tal sentido, la legítima preocupación
que existe en nuestro país por el papel que
el sistema jurídico debe cumplir, creando
las condiciones que propicien el desarrollo;
de la misma manera (Vargas, 2023) mencio-
na que existe unanimidad a la hora de con-
siderar a la seguridad jurídica como uno de
los fines del de derecho y al considerar a la
seguridad jurídica como un principio funda-
mental del estado de derecho y como una
garantía fundamental. Pero hay cierto disen-
so a la hora de definir y precisar el concepto
de seguridad jurídica, particularmente por
su aplicación e interpretación.
En tal sentido, (Villacís, 2022) expone que
la seguridad jurídica se traduce en la con-
fianza y ciertas facultades que otorgan un
grupo determinado de personas a un ser
humano legitimado a través de un poder so-
berano denominado pacto social, en donde
todos los poderes particulares sean entre-
gados a un solo poder, capaz de adminis-
trar, controlar, regular y poseer los medios y
mecanismos para garantizar la seguridad a
los que confiaron en él y el pleno disfrute de
sus derechos. Así mismo, (León , Barrueta,
& Martell, 2018) afirman que el concepto de
ZAMBRANO-MUÑOZ, N. A., ACOSTA-PACHECO, M. A., SOLÍS-REYES, E. C., & VELEZ-PARRA, . J. A.
seguridad en el siglo XXI debe ser amplio y
dinámico, para cubrir todos los ámbitos con-
cernientes a la seguridad del Estado y de
sus ciudadanos, que son variables según las
rápidas evoluciones del entorno estratégico
y abarcan desde la defensa del territorio a la
estabilidad económica y financiera o la pro-
tección de las infraestructuras críticas.
El derecho a la seguridad jurídica que tene-
mos todas las personas es el pilar sobre el
cual se asienta la confianza ciudadana en
cuanto a las actuaciones de los distintos po-
deres públicos, en virtud de aquello los actos
emanados de dichas autoridades deben ob-
servar las normas que componen el ordena-
miento jurídico vigente, de manera similar
la seguridad jurídica implica la confiabili-
dad en el orden jurídico y la sujeción de
todos los poderes del Estado a la Cons-
titución y a la Ley ya que salvaguarda
para evitar que todas las personas, pueblos
y colectivos sean víctimas del cometimiento
de arbitrariedad (Ordóñez & Vázquez, 2021).
Por tal motivo y para dicha seguridad se
debe garantizar el debido proceso en el
cumplimiento de las resoluciones judiciales
que es un principio fundamental en el ámbi-
to legal que garantiza que todas las partes
involucradas en un proceso judicial sean
tratadas de manera justa y que tengan la
oportunidad de presentar sus argumentos y
pruebas de manera adecuada. Acorde a la
(Defensoría del Pueblo, 2024) en la Consti-
tución de la República del Ecuador, dentro
del artículo 76, establece que en todo pro-
ceso en el que se determinen derechos y
obligaciones se deberán observar las nor-
mas del debido proceso. Las garantías del
debido proceso deben ser observadas tam-
bién frente a actos normativos o administra-
tivos que generen una obligación frente a
las/los habitantes del Ecuador.
El debido proceso se aplica no solo durante el
desarrollo del proceso judicial, sino también
en la ejecución de las resoluciones judiciales.
Por lo que, en el Código Orgánico General de
Procesos en su artículo 1 señala: “regula la
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RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES: UN
ANÁLISIS DEL DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS, SUMARIOS Y ORDINARIOS
actividad procesal en todas las materias, ex-
cepto la constitucional, electoral y penal, con
estricta observancia del debido proceso.”
El concepto del debido proceso envuelve
comprensivamente el desarrollo progre-
sivo de prácticamente todos los derechos
fundamentales de carácter procesal o ins-
trumental, como conjuntos de garantías de
los derechos de goce –cuyo disfrute sa-
tisface inmediatamente las necesidades o
intereses del ser humano (García, 2003).
Sin embargo, (Rodríguez, 2024) dice que
el derecho a un debido proceso legal es el
derecho humano más comúnmente infringi-
do por los Estados y la forma más usual en
que los operadores judiciales hacen incurrir
al Estado en responsabilidad internacional.
Ello por cuanto el debido proceso, o como
lo llama la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, “el derecho de defensa pro-
cesal” es una garantía procesal que debe
estar presente en toda clase de procesos,
no sólo en aquellos de orden penal, sino de
tipo civil, administrativo o de cualquier otro.
Es ahí que, el concepto del debido proceso
envuelve comprensivamente el desarrollo
progresivo de prácticamente todos los de-
rechos fundamentales de carácter procesal
o instrumental, como conjuntos de garan-
tías de los derechos de goce cuyo disfrute
satisface inmediatamente las necesidades
o intereses del ser humano. Y, tal como
menciona (Salmon & Blanco, 2012) el pro-
ceso «es un medio para asegurar en la ma-
yor medida posible, la solución justa de una
controversia», a lo cual contribuyen «el con-
junto de actos de diversas características
generalmente reunidos bajo el concepto de
debido proceso legal». En este sentido, di-
chos actos «sirven para proteger, asegurar
o hacer valer la titularidad o el ejercicio de
un derecho» y son «condiciones que deben
cumplirse para asegurar la adecuada de-
fensa de aquéllos cuyos derechos u obliga-
ciones están bajo consideración judicial».
En buena cuenta, el debido proceso supo-
ne «el conjunto de requisitos que deben ob-
servarse en las instancias procesales».
Para la (Defensoría del Pueblo, 2024) los
principios del debido proceso son: idonei-
dad, neutralidad, imparcialidad., igualdad,
trasnparencia, contradicción, evidencia y
motivación. Y, las reglas comunes a todo
procedimiento son: acceso a la justicia, ju-
risdicción y competencia; legitimidad de la
sanción y la presunción de inocencia.
Sin embargo, bajo el entendido de que las re-
soluciones se dictan para ser cumplidas, es
imperativo evaluar el grado de obligatoriedad
que se les ha otorgado y el papel que debe
cumplir un juez que conoce y falla respecto
a los derechos constitucionales (Ruiz, 2019).
En el caso del procedimiento voluntario de
acuerdo a la normativa procesal ecuatoria-
na se encuentra a partir del artículo 334,
donde se determinan los casos en los que
procede este tipo de trámite judicial. Para el
ordenamiento jurídico ecuatoriano este pro-
cedimiento es de conocimiento. De acuerdo
con cierta parte de la doctrina ecuatoriana
(Principales cuestiones acerca del Código
Orgánico General de Procesos en pregun-
tas y respuestas., 2015) se considera de co-
nocimiento debido a que, en caso de opo-
sición, este procedimiento se transforma en
uno sumario, de acuerdo al artículo 336 del
COGEP. Se aprecia, de los tipos de proce-
dimiento que se establecen en nuestra nor-
mativa procesal, que casi todos coinciden
en tener partes procesales, es decir, actor y
demandado (Layana, 2022).
En el procedimiento ordinario se tramitarán
todas aquellas controversias que no tengan
un proceso especial. El Procedimiento Or-
dinario, también es conocido en la doctrina
como proceso común o simple, porque en
él se concentran todas la“ritualidades co-
munes”, acorde a (Pazmiño, 2015). Mientras
que el mismo autor menciona que el proce-
dimiento sumario es similar al procedimien-
to ordinario. Su característica fundamental
es que los trámites son más simplificados y
abreviados, se desarrollan en una sola au-
diencia. Su característica particular es que
expresa la especialidad de la materia, es
344 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
decir, que no es para todas, sino para las
especialidades expresamente previstas en
el Código para procedimientos concretos
y que requieren tratamiento ágil y urgente,
que se logra precisamente con la simplifica-
ción del procedimiento.
En aquel sentido, las resoluciones judiciales
son decisiones tomadas por un tribunal o un
juez en el contexto de un proceso legal. Es-
tas decisiones pueden variar en su naturaleza
y en su alcance; y, pueden ser impugnadas
mediante recursos previstos en la legislación
procesal, como apelaciones, recursos de ca-
sación, recursos de revisión, entre otros, de-
pendiendo del sistema legal de cada país y
de la naturaleza de la resolución impugnada.
Metodología
Para el desarrollo de la investigación se
abordó la investigación descriptiva y de
campo, en donde el problema está defini-
do, por lo que se llevó a cabo la indagación
para entenderlo mejor, ya que prioriza los
puntos de vista de los investigadores. La in-
vestigación de campo se llevó a cabo con
el levantamiento de la información, seguido
del análisis, la fundamentación de los co-
nocimientos y la aplicación de los métodos
utilizados, para obtener conclusiones; de
manera directa en el ambiente donde se
desenvuelve el hecho de estudio.
Para el desarrollo de la investigación se
basó en un enfoque mixto es decir que para
una mejor comprensión del problema se uti-
lizó el enfoque cualitativo y cuantitativo; el
enfoque cualitativo de la investigación bus-
ca entender y analizar la importancia de la
seguridad jurídica como garantía del debi-
do proceso en el cumplimiento de las reso-
luciones judiciales en los procedimientos
voluntario, sumario y ordinario. Además, se
planteó un enfoque cuantitativo bajo la téc-
nica de encuesta que permita analizar las
variables de investigación.
La técnica de recopilación de datos prima-
rios determinada dentro de la investigación
es la encuesta misma que permitirá obte-
ner información de calidad, para así llegar
a tener datos que permitan realizar proce-
samiento estadístico que lleve a entender
el problema en cuestión. Se diseñará un
formulario de encuesta que contiene ítems
relacionados a la seguridad jurídica y el
cumplimiento de las resoluciones judiciales
en la población de estudio. Adicional, se
aplicó entrevistas a juristas del libre ejerci-
cio profesional quienes argumentaron sobre
la seguridad jurídica como garantía del de-
bido proceso en el cumplimiento de las re-
soluciones judiciales en los procedimientos
voluntario, sumario y ordinario.
Para el procesamiento de resultados se uti-
lizó Microsoft Excel para la tabulación y vi-
sualización gráfica y el procesador de texto
Word para realizar el respectivo análisis e
interpretación de la información recopilada
a través de la encuesta y el análisis del dis-
curso con la información recopilada a tra-
vés de la entrevista, ya que la investigación
fue netamente de carácter descriptivo.
Resultados
El 91% de los encuestados respondió que
siente que sus derechos están garantizados
jurídicamente en todos los procedimientos
judiciales y que en la actualidad, se puede
comprender la naturaleza del debido pro-
ceso como un derecho innato de la perso-
na. Sin embargo el 5% considera que la se-
guridad jurídica es transparente e igualitaria
para los requirientes.
Los entrevistados mencionaron que todas
las personas tienen derecho al debido pro-
ceso, el cual esta ligado estrechamente al
derecho a la seguridad jurídica ya que, este
segundo implica el conocimiento y certeza
del derecho positivo, la confianza de la so-
ciedad en las instituciones del Estado y en
el orden jurídico y la existencia de mecanis-
mos jurídicos frente a las afectaciones que
pudieren existir.
Reconocen que el debido proceso implica
que en todo proceso en el que se resuel-
van derechos o intereses de las personas,
ZAMBRANO-MUÑOZ, N. A., ACOSTA-PACHECO, M. A., SOLÍS-REYES, E. C., & VELEZ-PARRA, . J. A.
345
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
se debe garantizar el derecho a la defensa,
la presunción de inocencia, la motivación,
la prohibición de doble juzgamiento, entre
otras. En donde definen que la seguridad
jurídica se refiere a la certeza y estabilidad
en la aplicación de las leyes. Implica que
los ciudadanos pueden confiar en que las
normas legales serán predecibles y consis-
tentemente aplicadas. El debido proceso
legal es un principio fundamental que ga-
rantiza que todas las partes involucradas
en un proceso legal reciban un trato justo
y equitativo. Incluye el derecho a ser noti-
ficado, el derecho a presentar pruebas, el
derecho a ser escuchado por un tribunal
imparcial y el derecho a un recurso efectivo.
Las resoluciones judiciales son decisiones
tomadas por un tribunal después de un pro-
ceso legal. Estas decisiones deben basarse
en la ley y los hechos presentados durante
el proceso. Los procedimientos voluntarios,
sumarios y ordinarios son diferentes tipos
de procesos legales que se utilizan en di-
versas situaciones. La seguridad jurídica
es esencial en todos estos procedimientos
para garantizar la coherencia y la aplica-
ción justa de la ley.
La seguridad jurídica también implica la
ejecución efectiva de las resoluciones judi-
ciales. Esto significa que las decisiones de
los tribunales deben implementarse de ma-
nera que las partes afectadas cumplan con
lo dispuesto en dichas resoluciones. Adicio-
nal, que la seguridad jurídica contribuye a la
protección de los derechos fundamentales
de las personas, asegurando que se respe-
ten sus derechos durante todo el proceso
legal, desde la presentación de la demanda
hasta la ejecución de la resolución judicial.
Finalmente, que la seguridad jurídica tam-
bién se vincula con la transparencia y acce-
sibilidad del sistema legal. Las leyes y los
procedimientos deben ser comprensibles y
accesibles para que las personas puedan
conocer sus derechos y obligaciones.
Discusión
El debido proceso en la Constitución de la
República se contempla como un derecho
de todas las personas, que a su vez, con-
tiene una serie de derechos, principios y ga-
rantías que tienen como finalidad garantizar
la legalidad y correcta aplicación de las nor-
mas, dentro de un marco de respeto a la dig-
nidad humana, buscando la materialización
de la justicia. Siendo su naturaleza jurídica
diversa, desde el punto de vista de la doc-
trina, la normativa y la jurisprudencia; consi-
derándose en principio como una institución
jurídica que contemplaba un conjunto de ga-
rantías, hasta la actualidad, en la cual se lo
ha considerado como un derecho humano.
Más sin embargo, la seguridad jurídica se
refiere al respeto y aplicación directa de
la Constitución y las normas jurídicas, por
parte de toda autoridad. Por consiguiente,
el garantizar la seguridad jurídica se consti-
tuye una obligación del Estado ecuatoriano,
con los ciudadanos.
El procedimiento sumario es un proceso le-
gal que se inicia y se desarrolla en un tri-
bunal, donde las partes acuden en busca
de una solución rápida a su conflicto me-
diante una decisión judicial. En este proce-
so, cada parte presenta sus hechos, argu-
menta y presenta pruebas con el objetivo
de obtener una resolución. En resumen, se
consideran como casos aptos para proce-
dimientos sumarios aquellos que requieren
rapidez y que están relacionados con can-
tidades menores en disputa (Tinico & Ra-
món, 2023).
Las resoluciones judiciales son los actos del
tribunal, por lo que este decide sobre las
cuestiones que le plantean, ya sean sobre
el fondo, ya sean de carácter procesal. Se-
gún su forma y su contenido, las resolucio-
nes judiciales se dividen en providencias,
autos y sentencias (Herrera, 2008).
En la práctica no hay una sentencia sino que
cada instancia además del formato propio
elaborado por la ley, dicta una resolución
judicial que tiene que ver con el marco es-
tructural de su composición y como es pro-
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES: UN
ANÁLISIS DEL DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS, SUMARIOS Y ORDINARIOS
346 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
pio con el caso sometido, con la obligación
de resolverlo con apego al derecho, pero
con una visión más allá del instrumentalis-
mo mecánico de la copia de artículos del
Código de Trabajo o procesal, sino que po-
drá ser objeto de una revisión por un recur-
so, de ahí que los juzgados de trabajo, los
juzgados de primera instancia deben fallar
teniendo en cuenta la mirada crítica de los
tribunales de Corte, Tribunales Superiores
de justicia, Cortes de Trabajo, sin que ello
implique seguidísimo.
La resolución judicial es una decisión suge-
rente en cuanto que es en base a la misma
que el Tribunal Supremo, Corte Suprema o
Suprema Corte, dictarán una decisión de
principio, lo hacen tomando como base la
resolución llevada a su jurisdicción, pero
también es una decisión en mayor o menor
medida al Derecho Jurisprudencial del Tra-
bajo que guía el Tribunal Supremo.
En lo que respecta al cumplimiento de las
resoluciones judiciales en procedimientos
voluntarios, sumarios y ordinarios es un
componente crucial del sistema legal y con-
tribuye a garantizar la efectividad y la auto-
ridad del poder judicial. A continuación, se
abordan aspectos específicos relacionados
con el cumplimiento de estas resoluciones
en cada tipo de procedimiento:
1. Procedimiento Voluntario: En los proce-
dimientos voluntarios, las partes involu-
cradas suelen colaborar de manera más
directa en la resolución del conflicto.
Pueden acordar cumplir con las disposi-
ciones de la resolución judicial de mane-
ra más amigable. Si alguna de las partes
no cumple voluntariamente, la otra pue-
de buscar la ejecución a través de las
autoridades judiciales.
2. Procedimiento Sumario: En los procedi-
mientos sumarios, que se caracterizan
por ser más rápidos y menos formales,
el cumplimiento de las resoluciones
puede requerir medidas más inmedia-
tas. Las decisiones judiciales en estos
casos suelen ser ejecutadas con rapi-
dez para asegurar una pronta solución
al conflicto.
3. Procedimiento Ordinario: En procedi-
mientos ordinarios, que son más detalla-
dos y formales, el cumplimiento de las
resoluciones puede implicar un proceso
más extenso. Las partes tienen plazos
más amplios para presentar sus argu-
mentos, y el cumplimiento de las reso-
luciones puede requerir un seguimiento
más meticuloso por parte de las autori-
dades judiciales.
4. Medios de Ejecución: En todos los pro-
cedimientos, las resoluciones judiciales
pueden ejecutarse a través de diversos
medios, como embargos, multas, órde-
nes de arresto u otros mecanismos es-
pecíficos según la naturaleza del caso.
La elección de los medios dependerá
de la legislación local y de las circuns-
tancias particulares del asunto.
5. Coerción y Sanciones: En situaciones
en las que una parte se niega a cumplir
con una resolución judicial, las autorida-
des judiciales pueden recurrir a medidas
coercitivas y sanciones para asegurar el
cumplimiento. Estas pueden incluir la im-
posición de multas adicionales, penaliza-
ciones financieras o incluso la imposición
de penas de prisión en casos extremos.
6. Colaboración de Autoridades Admi-
nistrativas: En algunos casos, las au-
toridades administrativas pueden des-
empeñar un papel en la ejecución de
resoluciones judiciales. Por ejemplo, en
cuestiones de cumplimiento de contra-
tos, las autoridades encargadas de re-
gistros pueden colaborar en la transfe-
rencia de propiedades u otros activos.
7. Recurso a la Jurisdicción Civil: Si el
cumplimiento no se logra de manera vo-
luntaria, la parte beneficiada por la re-
solución puede recurrir nuevamente a la
jurisdicción civil para solicitar medidas
adicionales destinadas a asegurar el
cumplimiento.
ZAMBRANO-MUÑOZ, N. A., ACOSTA-PACHECO, M. A., SOLÍS-REYES, E. C., & VELEZ-PARRA, . J. A.
347
RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
De manera que, la seguridad jurídica des-
empeña un papel fundamental como garan-
tía del debido proceso en el sistema legal
ecuatoriano, ya que, se refiere a la certe-
za y previsibilidad que deben existir en la
aplicación de las leyes, proporcionando un
marco estable y confiable para la resolución
de disputas legales. Por lo que, se expone
cómo la seguridad jurídica actúa como una
garantía esencial del debido proceso:
1. Previsibilidad de las Leyes: La seguridad
jurídica implica que las leyes y normati-
vas sean claras, comprensibles y prede-
cibles. Cuando las leyes son consistentes
y no cambian abruptamente, las partes
involucradas en un proceso legal pueden
confiar en la estabilidad del marco legal
que regula sus acciones.
2. Estabilidad Normativa: La seguridad ju-
rídica requiere que las leyes no cambien
de manera arbitraria o frecuente. La es-
tabilidad normativa contribuye a que las
personas tengan confianza en que las
reglas legales aplicables en un momen-
to dado serán las mismas durante la re-
solución de un conflicto.
3. Acceso a la Información: La seguridad ju-
rídica se fortalece cuando la información
legal es accesible para todos los ciuda-
danos. La disponibilidad de leyes, prece-
dentes judiciales y procedimientos legales
permite que las partes comprendan sus
derechos y obligaciones, facilitando así la
participación efectiva en el proceso.
4. Imposibilidad de Retroactividad: La se-
guridad jurídica prohíbe la retroactivi-
dad de las leyes, es decir, que estas no
puedan aplicarse retroactivamente para
afectar derechos ya adquiridos. Esto
garantiza que las personas no sean sor-
prendidas por cambios inesperados en
la ley después de que han actuado de
acuerdo con las normativas existentes.
5. Independencia Judicial: La seguridad
jurídica se ve reforzada por la indepen-
dencia judicial. Un poder judicial inde-
pendiente asegura que las decisiones
judiciales se basen en la ley y no estén
sujetas a influencias externas o presiones
políticas, garantizando así la imparciali-
dad y la aplicación coherente de la ley.
6. Derecho a un Juicio Justo: La seguridad
jurídica es esencial para el derecho a un
juicio justo, que forma parte del debido
proceso. La certeza en la aplicación de
las leyes garantiza que las partes ten-
gan la oportunidad de ser escuchadas
por un tribunal imparcial y que las de-
cisiones judiciales se tomen de manera
consistente con la legislación aplicable.
7. Protección de la Confianza Legítima: La
seguridad jurídica también protege la con-
fianza legítima de las personas en el siste-
ma legal. Las expectativas creadas por la
aplicación coherente de las leyes se con-
sideran dignas de protección, y cambios
drásticos o imprevisibles pueden afectar
negativamente esa confianza.
8. Cumplimiento de Resoluciones Judicia-
les: La seguridad jurídica se refleja en el
cumplimiento efectivo de las resoluciones
judiciales. Cuando las decisiones judicia-
les son claras, consistentes y aplicables,
se fomenta el cumplimiento voluntario por
parte de las partes involucradas.
Conclusiones
Es necesaria la existencia de un justo equili-
brio entre el ciudadano y el Estado, donde las
garantías procesales adquieran sentido y ac-
tualidad al evitar la inseguridad que provoca-
ría en la sociedad en las que queden de lado
los intereses del individuo para proteger el in-
terés general de la averiguación de la verdad
real y el éxito de la administración de justicia.
La seguridad jurídica como garantía del debi-
do proceso en el cumplimiento de las resolu-
ciones judiciales es esencial para mantener la
confianza en el sistema legal y para proteger
los derechos fundamentales de las personas
involucradas en cualquier procedimiento le-
gal, ya sea voluntario, sumario u ordinario.
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES: UN
ANÁLISIS DEL DEBIDO PROCESO EN PROCEDIMIENTOS VOLUNTARIOS, SUMARIOS Y ORDINARIOS
348 RECIMUNDO VOL. 9 N°2 (2025)
La seguridad jurídica actúa como un pilar
esencial del debido proceso al proporcionar
un entorno legal estable, predecible e im-
parcial. Contribuye a la confianza en el sis-
tema legal y asegura que las partes tengan
la seguridad de que sus derechos y obli-
gaciones serán respetados durante todo el
proceso judicial y como como garantía del
debido proceso en el cumplimiento de las
resoluciones judiciales en los procedimien-
tos voluntario, sumario y ordinario.
Bibliografía
Tinico, J., & Ramón, M. (23 de 10 de 2023). Proble-
mas Procesales en Torno a la Admisión y Posible
Vulneración del Derecho a la Defensa en Proce-
sos Sumarios Acorde al COGEP. Obtenido de ht-
tps://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/
download/8342/12540?inline=1
Herrera, M. (2008). La sentencia. Gaceta laboral
ISSN 1315-8597.
Rosero, A. (01 de 07 de 2023). La seguridad jurídica
en el Ecuador. Contribución de la Procuraduría Ge-
neral del Estado. Obtenido de Repositorio IAEN:
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5232
Vargas, R. (2023). Seguridad jurídica como fin del
derecho. Rev. Derecho no.27 Montevideo jun.
2023 Epub 01-Jun-2023, 8.
Villacís, A. (2022). Derecho a la seguridad jurídica y
principio de irretroactividad de las normas. Obte-
nido de Universidad Andina Simón Bolívar: https://
repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9001/1/
T3938-MDC-Villacis-El%20derecho.pdf
León , L., Barrueta, D., & Martell, L. (2018). La se-
guridad jurídica una proyección general. Conrado
vol.15 no.66 Cienfuegos ene.-mar. 2019 Epub 02-
Mar-2019, 12.
Ordóñez, M., & Vázquez, J. (2021). La seguridad ju-
rídica en la acción de protección, un estudio des-
de el Ecuador. FIPCAEC (Edición 25) Vol. 6, No
3Abril-Junio2021, 531-552.
García, L. (2003). El debido proceso y la tutela judi-
cial efectiva. Frónesis v.10 n.3 Caracas dic. 2003.
Rodríguez, V. (2024). EL DEBIDO PROCESO LEGAL
Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERE-
CHOS HUMANOS. Obtenido de https://www.cor-
teidh.or.cr/tablas/a17762.pdf
Ruiz, A. (2019). El cumplimiento de las sentencias de
acción de protección en Ecuador. Quito - Ecuador:
Universidad Andina Simón Bolívar.
Defensoría del Pueblo. (01 de 01 de 2024). El debi-
do proceso en actos normativos y administrativos.
Obtenido de https://repositorio.dpe.gob.ec/bits-
tream/39000/2148/1/AD-DPE-003-2012.pdf
Salmon, E., & Blanco, C. (2012). El derecho al debi-
do proceso en la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. Lima - Perú:
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de
la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEH-
PUCP).
Layana, V. (20 de 02 de 2022). El Procedimiento Vo-
luntario: Análisis crítico de normas ambiguas en
sus procedimientos. Obtenido de http://reposito-
rio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/18653/1/T-UCSG-
PRE-JUR-DER-828.pdf
Pazmiño, E. (2015). Política de justicia y regulación
de los procesos no penales. Defensa y Justicia, 30.
CITAR ESTE ARTICULO:
Zambrano-Muñoz, N. A., Acosta-Pacheco, M. A., Solís-Reyes, E. C., & Ve-
lez-Parra, . J. A. (2025). Garantías de seguridad jurídica en el cumplimiento
de resoluciones judiciales: Un análisis del debido proceso en procedimientos
voluntarios, sumarios y ordinarios. RECIMUNDO, 9(2), 340–348. https://doi.
org/10.26820/recimundo/9.(2).abril.2025.340-348
ZAMBRANO-MUÑOZ, N. A., ACOSTA-PACHECO, M. A., SOLÍS-REYES, E. C., & VELEZ-PARRA, . J. A.
