Jorge Luis Rivera Choez a; Orlando Ivan Ronquillo Riera b

 

 

 

Destitución de los miembros de la Corte Constitucional y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico interno del Ecuador

 

 

Replacement of members of the constitutional court and its implications in Ecuador internal legal order

 

 

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento. Vol. 3 núm.3, septiembre, ISSN: 2588-073X, 2019, pp. 614-642

 

 

DOI: 10.26820/recimundo/3.(3).septiembre.2019.614-642

 

URL: http://recimundo.com/index.php/es/article/view/541

 

Código UNESCO: 56 Ciencias Jurídicas y Derecho

 

Tipo de Investigación: Artículo de Revisión

 

 

 

Editorial Saberes del Conocimiento

 

 

 

Recibido: 15/05/2019             Aceptado: 23/06/2019            Publicado: 30/09/2019

 

 

 

Correspondencia:  jorgelrivera1985@gmail.com

 

 

 

 

a.     Investigador; estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión Quevedo; Quevedo Ecuador;  jorgelrivera1985@gmail.com

b.     Magister en Derecho Constitucional; Abogado de  los Tribunales  y Juzgados de  la  República  del  Ecuador; Docente Investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión Quevedo; Quevedo, Ecuador.

 

RESUMEN

 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la esporádica actuación del CPCCS Transitorio, muy específicamente en lo que tiene que ver con la cesación de los miembros de la Corte Constitucional, veremos cómo en una flagrante violación por demás descarada de destituyo a la máxima entidad en torno a control de constitucionalidad, esto pese a que la Constitución no facultaba al órgano transitorio a realizar este tipo de evaluación mucho menos destituir. Asimismo, se analizarán las omisiones legales y constitucionales que tuvieron lugar en el presente caso, indicando además la grave transgresión cometida por el órgano transitorio durante el proceso de  evaluación,  se  determinará  además  la  gravedad  que  implica  el  declarar  una  vacancia constitucional, no contemplada en ningún texto legal ni presente ni pretérito.

 

 

Palabras  Clave:  Corte  Constitucional;  Destitución;  Constitución;  Consejo  de  Participación Ciudadana y Control Social

 

 

 

ABSTRACT

 

 

The purpose of this investigation is to analyze the sporadic action of the Transitional CPCCS, very specifically in what has to do with the cessation of the members of the Constitutional Court, we will see how in a flagrant Violation by others blatant dismissal of the maximum entity around constitutional control, this despite the fact that the Constitution did not empower the transitional body to carry out this type of evaluation much less dismiss.

Likewise, the legal and constitutional omissions that took place in the present case will be analyzed, also indicating the serious transgression committed by the transitional body during the evaluation process, the severity of declaring a constitutional vacancy, not contemplated in any case, will also be determined. legal text neither present nor past.

 

 

Key   words:   Constitution;  Citizen   Participation  Council;   Constitutional  Court;   Popular Consultation.

 

 

 

Introducción.

 

 

 

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación en materia constitucional en el Ecuador, el sistema adoptado por la Asamblea Constituyente del 2008 es el concentrado, es decir el control de constitucionalidad y la interpretación auténtica de la Constitución está en manos de un solo órgano, La Corte Constitucional.

 

El 04 de febrero del año 2018, se lleva a cabo una Consulta Popular a pedido del Presidente de la Republica Lenin Moreno, dicha consulta no tuvo control de Constitucionalidad, es decir no hubo dictamen de la Corte Constitucional, pues de conformidad con lo que establece el artículo

443 de la Constitución, ya que si bien se llevó adelante la Consulta, la Corte no dio el dictamen que de paso a la modificación, pues pudo haber sido enmienda, reforma o cambio constitucional, la importancia del dictamen de procedibilidad es un requisito obligatorio, pues la consulta en sí pudo haber sido inconstitucional, incluso pudo haber violado de manera deliberada derechos garantizados en el texto normativo Constitucional.

 

En la pregunta 3 de la Consulta popular se planteó elegir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y cesar en funciones al anterior, la labor principal de este nuevo Consejo era avaluar y de ser el caso cesar a autoridades de regulación y control: Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Superintendencias, etc. Entidades que de conformidad con el artículo

208 de la Constitución son elegidas por el CPCCS.

 

Ya en funciones el nuevo ente evaluador, procedió a evaluar y cesar a todas las entidades de control por ellos designadas, sin embargo, la Corte Constitucional no era designada por el CPCCS, intervenía en un momento en la Comisión Calificadora al designar a dos representantes tal como lo señala el texto Constitucional:

 

Art. 434.- Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) El resaltado me corresponde.

 

A pesar de esto en una flagrante violación a e nuestra Carta Magna, se procede a evaluar y cesar en sus funciones  los miembros de la Corte Constitucional y al mismo tiempo declarar una “vacancia constitucional” no contemplada en ningún texto normativo, y dejar privados implícitamente a todos los ecuatorianos del derecho a acudir al órgano estatal y plantear cualquier acción constitucional de competencia propia de la Corte, induciendo al país en una grave crisis social, política y judicial, pues de entrada se violaba el derecho a la tutela judicial efectiva, independencia judicial y seguridad jurídica, principios que gozan de rango constitucional e infra constitucional, pues se encuentran amparados en un sinnúmero de Instrumentos Internacionales de DD,HH ratificados por el estado ecuatoriano, irrespetando además una infinidad de criterios de la Corte Interamericana de DD.HH.

 

Antecedentes de la Justicia Constitucional en el Ecuador.

 

 

 

El antecedente más inmediato a la Corte Constitucional del Ecuador es el Tribunal de Garantías Constitucionales, mismo que nace con  Constitución de 1945, convirtiéndose en uno de los primeros países latinoamericanos en aplicar el modelo de control constitucional propuesto por Hans Kelsen en su célebre obra ¿Quién debe ser el defensor de la constitución? en contraposición de la tesis propuesta por Karl Schmitt en torno a que el control Constitucional debe ser propuesto por el poder ejecutivo por tener a criterio de Schmitt legitimación democrática (Oyarte, 2016), Kelsen más bien era partidario de que el control de constitucionalidad estuviese a cargo de un Tribunal u órgano colegiado independiente al poder ejecutivo, tesis que con el tiempo termino posicionándose sobre la mayoría de ordenamientos jurídicos a través de los Tribunales y Cortes Constitucionales.

 

En el Ecuador desde la Constitución de 1830 el control de constitucionalidad tuvo un control más político que de legalidad y constitucionalidad, a tal punto que la Constitución de 1945 tuvo vigente poco tiempo antes que el presidente Jaime Velasco Ibarra la derogara, ya que para él era un “dogal” el Tribunal de Garantías Constitucionales, pues mermaba en gran medida su accionar político.

 

Antes de esa fecha, como en toda América Latina, operaba sin discusión el principio de soberanía parlamentaria, el cual, en el caso del Ecuador, se concretaba en un sistema sui generis caracterizado por la dispersión de competencias entre el Congreso Nacional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de justicia, pero con una clara supremacía del legislador sobre el resto de instituciones. (Pinto, 2012, pág. 60)

 

Anterior a 1945 la supremacía de ley sobre la Constitución era muy fuerte, a tal punto que c la Corte Suprema de Justicia inaplicada leyes mas no las declaraba inconstitucionales, esto pese a que desde 1830 en teoría, se entendía que la Constitución era la norma máxima, pero no era más que letra muerta. El caso Irigoyen se da el 11 de octubre de 1886, en donde un grupo de hombres encabezados por el coronel Federico Irigoyen, intentaron tomar atacando la plaza de Célica, fracasan en su intento y el coronel es acusado y sentenciado por del delito de sedición, la pena era la muerte según el Código Penal Militar Vigente, aunque la Constitución de 1878 prohibía la muerte para delitos políticos:

 

Artículo 17.- La Nación garantiza a los ecuatorianos: 1. La inviolabilidad de la vida; y, en consecuencia, queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos y crímenes comunes. El asesinato cometido en la persona del padre o madre legítimos o naturales no está comprendido en esta garantía. (Constitución Política de la República del Ecuador, 1878) El subrayado me corresponde.

 

Al tener esta dificultad el Consejo de Guerra (órgano que inicialmente condena verbalmente a Irigoyen), se envía a la Corte Suprema Marcial para que esta tenga conocimiento y proceda a aplicar solamente la pena, pues aparentemente existía una antinomia entre La Ley reformatoria al Código Militar y la Constitución, la Corte Suprema Marcial establece que:

 

“En lo principal que aun cuando la Ley de 1886 fuere inconstitucional, el Poder Judicial no podría dejarla sin efecto, rehusando su aplicación; pues si bien es cierto, como lo haría al dar un lay inconstitucional, tampoco el judicial puede, sin excederse de las suyas, declarar que la ley carece de fuerza obligatoria, ya que para esto era menester que estuvieren facultados por la Constitución” (Caso Irigoyen, 1887)

 

En conclusión sabían que la norma era inconstitucional pero aun así la aplicaban, , porque a consideración de los juzgadores de aquella época no estaba previsto en la Constitución, en la actualidad es muy distinto, pues la Corte Constitucional de oficio puede detectar incompatibilidades legales   y declararlas inconstitucionales. El caso Irigoyen es el primer antecedente de control de constitucionalidad en el país, si bien se aplicó la ley por encima de la Constitución, el hecho realmente novedoso es el que en primera instancia se haya detenido la ejecución de la pena para subirla en consulta al tribunal superior para que este decida la legitimidad o no de la pena en virtud de lo que señala la Constitución, esto en resumidas cuentas es control de constitucionalidad.

 

En el año 1979 el estado ecuatoriano retorna nuevamente a la democracia luego de una serie de dictaduras propias de la época, pues en aquel momento se encontraba en marcha el famoso Plan Cóndor. En 1979 luego de una votación el pueblo ecuatoriano se pronunció por una nueva Constitución, la de 1978, texto constitucional que traería algunos cambios (aunque no sustanciales)en materia de control constitucional pues se cra un Tribunal de Garantías Constitucionales conformado por 11 miembros elegidos por el Congreso Nacional, Tribunal que tenía una función meramente consultiva respecto a temas de legalidad, pues el control de constitucionalidad estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia  en cierta medida nada más, pues no estaba facultada para actuar como legislador negativo.

 

Art. 138.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia suspender - total o parcialmente, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte - los efectos de leyes, ordenanzas o decretos que fueren inconstitucionales, por la forma o por o por un fondo. La Corte somete su decisión a resolución de la Cámara Nacional de Representantes o, en receso de ésta, área plenaria de las Comisiones Legislativas. Ni la resolución de la Corte Suprema, ni la de la Cámara Nacional de Representantes, ni la del plenario de las Comisiones Legislativas, tienen efecto retroactivo. (Constitucion del Ecuador, 1978)

 

En 1983 se realiza un reforma constitucional, dicha reforma resta la facultad al Congreso Nacional de conocer en última instancia las acciones de inconstitucionalidad, pero en vez de entregarse estas facultades al Tribunal de Garantías Constitucionales le fue otorgado a la Corte Suprema de Justicia, la cual contaba con una sala especializada para efectos de control constitucional; en lo posterior nuevamente se reforma la Constitución en 1993, se cambia la composición de 9 a 11 miembros y durarían en sus funciones 4 años, aunque las facultades del órgano permanecen intactas, quedando únicamente como una instancia de consulta antes que de control constitucional.

 

Recién en las reformas de 1996 se le otorga la última palabra en materia de control constitucional al Tribunal de Garantías Constitucionales, suprimiéndosele para siempre este control al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el control concreto de constitucionalidad les permitió a los tribunales inferiores de última instancia inaplicar normas inconstitucionales.

 

Una vez en vigencia la Constitución de 1998 no hubo mayores cambios, teníamos un control mixto, es decir difuso y concentrado; aunque el intérprete auténtico de la Constitución continúa siendo el Congreso Nacional:

 

Artículo 284.- En caso de duda sobre el alcance de las normas contenidas en esta Constitución, el Congreso Nacional podrá interpretarlas de un modo generalmente obligatorio. Tendrán la iniciativa para la presentación de proyectos de interpretación constitucional, las mismas personas u organismos que la tienen para la presentación de proyectos de reforma, su trámite será el establecido para la expedición de las leyes. Su aprobación requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Nacional. (Asamblea Constituyente, 1998)

 

Con la Constitución de 2008 se crea la Corte Constitucional, órgano integrado por 9 jueces, para un periodo de 9 años mismos que son renovados por tercios cada tres años, la forma del control constitucional es concentrada es decir en un solo órgano. (Salgado, 2012) manifiesta que “La interpretación de la Constitución por parte del órgano especializado que realiza su control es una cuestión fuera de discusión; quien es el guardián y defensor de la Ley Suprema adquiera naturalmente la atribución de interpretarla”. En función de este precepto únicamente la Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad normativa, difiere mucho de la Constitución de 1998, pues no existe control difuso de constitucionalidad, aunque se suele confundir el control concreto con el difuso:

 

Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

 

Lo que establece el artículo precedente no es un control de constitucionalidad propiamente dicho, ya que el juez lo que hace es detener el conocimiento de la causa para elevarla en consulta a la Corte Constitucional, único órgano facultado para declarar inconstitucional una norma. La Corte Constitucional para el periodo de transición ha determinado que… “En la acción de consulta de constitucionalidad, La Corte Constitucional debe hacer un control integral y de unidad normativa, en la sentencia debe pronunciarse de fondo sobre todas las normas demandadas”. (Sentencia N° 004-10-SCN-CC, 2010).

 

 

Facultades de la Corte Constitucional

 

 

 

Las facultades de la Corte Constitucional están determinadas en la Constitución y son las siguientes:

 

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter   general   emitidos   por   órganos   autoridades   del   Estado.   La   declaratoria   de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. 193 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución. 4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo. 5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. 6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. 7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución. 8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales. 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. 10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

 

Una particularidad muy importante es que los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político, esto es realmente importante porque en virtud de todas las facultades concedidas sería imposible que puedan actuar discrecionalmente si existiera un freno político, pues estarían limitada a la marea política coyuntural y con ello sus decisiones.

 

Las facultades de la actual Corte Constitucional no tienen antecedentes, pues con el paso del tiempo se ha ido perfeccionando el modelo concentrado de control de constitucionalidad, hace medio siglo atrás hubiese sido una utopía el que una Corte independiente de los poderes establecidos realice control e constitucionalidad de oficio sobre normas conexas tal como lo establece el numeral 3 del artículo 436 de la Constitución; la Constitución también se la puede violentar no solo por lo que se hace sino por lo que se deja de hacer (Ayala, 2014) esto debido a que existe responsabilidad por acción  y también omisión de conformidad con el numeral 10 del artículo que antecede.

 

Pero a mi criterio una de las facultades más importante  de las cuales goza la Corte Constitucional es sin duda el hecho de que pueda efectuar control de constitucionalidad en torno a las reformas constitucionales, pues según el artículo 440 de nuestro Código Político faculta de manera exclusiva al órgano de control constitucional, de aquí puede surgir la objeción contra mayoritaria la cual cuestiona el hecho de que un solo órgano colegiado no electo popularmente ejerza funciones extraordinarias como un legislador negativo que elimina normas, mientras que la Asamblea  Nacional,  órgano  con  “legitimación  democrática”  las  crea  mediante  el  ejercicio legislativo de elaboración de leyes.

 

 

A criterio del maestro (Quintana, 2019) “La Constitución de 2008 elimina el poder de veto que expresamente se reconocía en la Constitución de 1998 al Presidente de la República respecto de los proyectos de reforma constitucional”. Con este criterio se reafirma la exclusiva potestad que ejerce el órgano constitucional como guardián de la Constitución, ya que corresponde al Presidente vetar únicamente los proyectos de ley remitidos por la Asamblea Nacional. Anteriormente era muy común que el presidente de la Republica convoque a consulta por ejemplo las consultas efectuadas por el Presidente León Febres-Cordero en 1986 y las de 1995 y 1996 efectuadas por Sixto Duran Ballén, todas sin control de constitucionalidad de parte de ningún órgano.

 

Hay que resaltar que las sentencias y dictámenes que dicta la Corte tienen el carácter de inapelables muchos suelen decir que se trata de un tribunal de cuarta instancia, en la práctica no es así pues no conocen aspectos de legalidad sino de constitucionalidad, un claro ejemplo es la acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la Constitución  y es una garantía jurisdiccional nueva, pues antes no existía, procede contra sentencias, autos o resoluciones con fuerza de sentencia, cuando estos hayan violado algún derecho garantizado en la Constitución, es decir el constituyente acertadamente incluyo esta garantía porque los derechos no lo violan solamente los empleados administrativos, también lo hacen los administradores de justicia al momento de sustanciar causas o dictar sentencias.

 

El Consejo de Participación Ciudadana Control Social Transitorio

 

 

 

El CPCCS Transitorio tiene un origen ilegitimo, toda vez que la consulta popular del 04 de febrero del 2018 que lo concibió, no tuvo dictamen de la Corte Constitucional, ni tampoco hubo control de contenido de las preguntas. La Constitución es muy enfática al establecer que la Corte Constitucional ejerce control abstracto respecto de las convocatorias a consultas:

 

Art. 74.- Finalidad. - El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009)

 

El dictamen emitido por la Corte, previo a la convocatoria de consulta popular es un requisito sine qua non para poder realizar a cabo una consulta popular, esto en función de que por medio del dictamen la Corte Constitucional determina si la convocatoria es constitucional o no, si viola algún derecho establecido en la constitución, si la convocatoria es idónea y sobre todo determina si la vía       es la correcta esto es: enmienda, reforma o cambio constitucional.

 

Art. 100.- Remisión de proyecto normativo. Todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde, de acuerdo en los siguientes casos:

 

1. Cuando la iniciativa provenga de la Presidenta o Presidente de la República, antes de expedir el decreto por el cual se convoca a referendo, o antes de emitir el decreto por el cual se remite el proyecto a la Asamblea Nacional; (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) El subrayado me corresponde.